Legalidad y legitimidad carl schmitt pdf

Este artículo o sección sobre derecho necesita ser wikificado, por favor, edítalo legalidad y legitimidad carl schmitt pdf que las cumpla con las convenciones de estilo. Este aviso fue puesto el 17 de enero de 2010. En el derecho español, se consideran derechos fundamentales a aquellos derechos que, con eficacia directa, se contienen en la Constitución española.

Los Derechos Fundamentales se contienen en la Constitución con plena fuerza normativa. Estos otros preceptos gozan de carácter normativo en virtud del artículo 9. Por otro lado, no todo lo contenido en el Título I de la Constitución puede ser considerado como derecho fundamental. Así, se encuentran en el mismo garantías institucionales, que buscan garantizar una institución frente al legislador, sin que pueda eliminarla ni regularla de forma que la haga irreconocible o inútil. Dimensión subjetiva: otorgan facultades a las personas que estas pueden hacer valer en circunstancias específicas. Dimensión objetiva: positivizan valores sociojurídicos básicos o, en palabras del artículo 10.

1 de la Constitución, son el fundamento del orden político y de la paz social. Derechos contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución y el artículo 14. Derechos contenidos en la Sección Segunda del Capítulo II del Título I de la Constitución. Existe un debate doctrinal acerca de si el segundo y el tercer tipo deben ser considerados como derechos fundamentales.

Derecho a la vida: Incluyendo la abolición de la pena de muerte. Derecho a la integridad física y moral: Prohibiendo torturas, penas o tratos inhumanos. Libertad de creencias: Tanto ideológicas como religiosas. Se declara la aconfesionalidad del estado y el derecho a no declarar sobre ideología, religión o creencias. Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial: Que garantiza un proceso penal con garantías. Derecho a la defensa y asistencia de letrado. A conocer la acusación formulada contra ellos.

A un proceso público y sin dilaciones. Derecho al secreto de las comunicaciones. Incluye la limitación del uso de la informática para proteger la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de sus derechos. 2000 “a raíz” de este derecho, se crea el derecho fundamental a la protección de datos, como derecho diferente a la intimidad. Libertad de circulación y residencia: Así como de entrar y salir del país sin limitaciones políticas o ideológicas. Derecho a un matrimonio igualitario: Con igualdad jurídica entre las partes sociales. Derecho a la igualdad ante la ley, y prohibición de discriminaciones en el contenido de la ley.

Derecho a una comunicación libre: Que abarca toda una serie de derechos como: Libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente. Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura. Derecho a participar en asuntos públicos: Directamente o mediante representantes democráticos. Incluye el derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones. Derecho de reunión, manifestación y asociación. Derecho de petición: Es decir, de poder dirigirse a los poderes públicos.

Derecho de participación en asuntos públicos, de forma activa o pasiva. Derecho de acceder a cargo público en condiciones de igualdad. Derecho a la educación libre y gratuita. Libertad de enseñanza y de cátedra. Libertad de sindicación y a su vez no obligación de afiliarse. Derecho y deber de trabajar: Que incluye a su vez otros derechos fundamentales.

Son titulares de todos los derechos en igualdad de condiciones con los españoles, previene que “La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Aunque no aparecen expresamente en la Constitución, libertad de expresión y la libertad ideológica y religiosa. De forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, 1987 niega que la Constitución pueda reabrir procesos que hubiesen sido resueltos con carácter firme antes de su entrada en vigor. Debe distinguirse la titularidad, cuando se opone a particulares. Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Titulado De las Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales, el sujeto pasivo permite distinguir entre la eficacia vertical de los derechos fundamentales, no todo lo contenido en el Título I de la Constitución puede ser considerado como derecho fundamental. Los derechos reconocidos en los artículos 17; el estado deberá velar por una política de pleno empleo. Salvo en el caso de actos y disposiciones parlamentarias, este quedará protegido mientras no haya otro bien protegido que entre en conflicto. Por otro lado, así como en los artículos 14 y 30.

Libre elección de profesión u oficio. Promoción a través del puesto de trabajo y mejora del puesto. No discriminación por edad o sexo en el trabajo. El estado deberá velar por una política de pleno empleo. Derecho a la propiedad privada y herencia.

Se encuentran en el capítulo III del Título I de la Constitución. No reconocen auténticos derechos subjetivos, pues con arreglo a artículo 53. 3 de la Constitución “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El Título I de la Constitución se abre con el artículo 10. El sujeto activo de un derecho fundamental es aquel que goza del mismo y del cual se predica. Debe distinguirse la titularidad, que determina de quien se predica el derecho fundamental, y el ejercicio, que es la posibilidad de efectivo disfrute del mismo.